El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para flexibilizar el régimen de visitas impuesto durante su prisión domiciliaria. Según la resolución, solo familiares directos, abogados, médicos y custodios pueden ingresar a su departamento en el barrio de Constitución sin autorización judicial previa, mientras que cualquier otro visitante, incluidos dirigentes políticos y amigos, deberá solicitar permiso y justificar la visita ante los jueces.

La defensa de la ex presidenta, encabezada por Alberto Beraldi, presentó una lista reservada de personas autorizadas y argumentó que las restricciones impuestas no tienen fundamento legal y resultan arbitrarias. "Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles", expresó Kirchner en redes sociales. Además, la defensa sostiene que la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas adicionales más allá del cumplimiento estricto de la privación de la libertad.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, fundamentó su rechazo en razones formales y destacó que la defensa no logró conmover los argumentos previos. Asimismo, el tribunal intervino recientemente en otra controversia sobre el uso del balcón del departamento, permitiendo su utilización siempre que no perturbe la tranquilidad del vecindario.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria y buscan su revocatoria, argumentando que no existen razones humanitarias suficientes para justificar la medida. Ambos fiscales siguen de cerca el cumplimiento de las condiciones impuestas y podrían solicitar la revocatoria si detectan alguna "inconducta".

La defensa de Kirchner apelará la decisión ante la Cámara de Casación, mientras que el tribunal deberá resolver en los próximos días si concede el recurso. El caso sigue generando debate sobre los límites de la prisión domiciliaria y los derechos de los condenados en situaciones similares.