El conflicto salarial de la policía de Santa Cruz cumple un mes y mantiene en vilo a la provincia. La protesta, que comenzó a principios de junio impulsada por jubilados y luego sumada por efectivos activos, exige que el salario inicial de un agente alcance los $2.200.000, mientras que el gobierno provincial, encabezado por Claudio Vidal, ha presentado once propuestas salariales, todas rechazadas por los representantes policiales.

Actualmente, solo el 10% de la fuerza policial está en funciones, lo que equivale a unos 600 efectivos para cubrir todo el territorio provincial. Esta situación ha generado una severa crisis de seguridad, con motines carcelarios y bloqueos en la gobernación de Río Gallegos, epicentro de las protestas. El jefe de policía, Diego Martín Agüero, y la inspectora general del Servicio Penitenciario, Aracelli Arias, advirtieron sobre la fragilidad operativa y el riesgo de incidentes graves debido a la falta de personal.

La intervención de la Nación, a través de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, sumó presión al conflicto. La funcionaria Mara Montero exigió la normalización del servicio y advirtió sobre posibles denuncias legales si no se restablece la seguridad pública. A pesar de la mediación nacional, las partes no lograron un acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 1 de julio, cuando se espera una nueva propuesta del Ejecutivo provincial.

El gobierno de Vidal enfrenta además demandas de otros gremios estatales y dificultades financieras, mientras la Legislatura provincial mantiene trabada la autorización para un crédito internacional que podría aliviar la situación. Los policías insisten en que su reclamo es exclusivamente salarial y rechazan cualquier intento de politización, mientras la tensión institucional y social sigue en aumento ante la falta de soluciones concretas.