Clínicas y sanatorios privados de la Patagonia argentina suspendieron desde el 10 de febrero la atención a los afiliados de PAMI, la obra social de los jubilados, debido a atrasos críticos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles. La medida afecta a miles de jubilados y pensionados en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut, quienes desde ahora solo podrán acceder a servicios de urgencia, mientras que las consultas ambulatorias y cirugías programadas han sido suspendidas.

La decisión fue comunicada formalmente a las autoridades del PAMI y se produce tras semanas de reclamos sin respuesta efectiva. "La situación de PAMI es la misma para todos, el planteo no es individual, sino colectivo", afirmó Andrés Sabalette, gerente de la clínica Juan XXIII de General Roca. Los prestadores explicaron que la crisis se debe a la depreciación sostenida de los valores arancelarios y a los atrasos en los pagos, que se agravaron en los últimos dos meses. Según detallaron, el PAMI representa en promedio el 40% de los ingresos de estas instituciones, por lo que cualquier demora genera desequilibrios difíciles de resolver.

Uno de los puntos más delicados es el pago de salarios, ya que las clínicas dependen del cobro de los módulos de Nivel II y III para abonar los sueldos de su personal. El corrimiento de las fechas de pago por parte del PAMI implica, en muchos casos, la imposibilidad material de abonar los haberes. "Hay clínicas que no pueden pagar sueldos ni a proveedores de insumos esenciales, y eso nos quita recursos para dar los servicios con seguridad", advirtió Sabalette.

La suspensión de servicios se instrumenta de forma progresiva, comenzando por las prestaciones ambulatorias y programadas, con el objetivo de preservar la atención de urgencias. Los prestadores aclararon que no se trata de una medida de fuerza, sino de una consecuencia inevitable ante la imposibilidad de sostener los costos operativos. De persistir el silencio oficial, alertaron que la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable, con un impacto directo en jubilados y pensionados.

En paralelo, la provincia de Neuquén decidió judicializar el conflicto, iniciando una demanda contra el PAMI por una deuda que supera los $1.500 millones. Mientras tanto, el Gobierno de La Pampa intentó brindar asistencia financiera transitoria, aunque advirtió que su margen de ayuda es limitado por la falta de transferencias nacionales. El conflicto entra así en una fase crítica, con salarios afectados, prestaciones suspendidas y un escenario de incertidumbre para pacientes y trabajadores de la salud. La normalización del servicio dependerá exclusivamente de que el PAMI cumpla con los pagos adeudados y ofrezca una respuesta concreta en el corto plazo.