Un escándalo de corrupción policial ha sacudido a Rosario, donde 13 policías y 4 civiles están siendo investigados por un fraude millonario relacionado con la carga de combustible de patrulleros. Según la Fiscalía, las maniobras fraudulentas incluyeron sobrefacturación y cargas ficticias, generando un perjuicio económico mensual estimado en 45 millones de pesos.

El fiscal José Luis Caterina explicó que los agentes involucrados utilizaban tarjetas de débito "Visa Flota" para registrar cargas de combustible inexistentes o infladas. Estas tarjetas, que debían estar asignadas a cada patrullero, eran concentradas por los responsables del fraude, quienes luego rendían cuentas con documentación falsa. Además, se descubrió que patrulleros fuera de servicio figuraban realizando cargas de combustible, y que los responsables de la estación de servicio implicada entregaban dinero en efectivo a los policías involucrados.

La investigación comenzó en julio de 2024 tras una denuncia anónima y ha incluido intervenciones telefónicas, análisis de datos de GPS y allanamientos. Durante los operativos, se encontraron grandes sumas de dinero, dispositivos de facturación y documentación falsa. Entre los acusados se encuentran altos mandos policiales, como el comisario Juan Pablo Pigozzi y el comisario Gerardo Ramírez, así como civiles relacionados con la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, en Rosario.

El caso ha llevado a la intervención de la Unidad Regional II y al desplazamiento de su jefe, Daniel Acosta. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para 16 de los 17 acusados, mientras que la investigación continúa y podría implicar a más personas. Este escándalo pone nuevamente en el centro de atención la corrupción en las fuerzas de seguridad de Rosario, generando preocupación entre la ciudadanía y llamados a una reforma estructural.

Se espera que el análisis de los celulares incautados y otras evidencias recolectadas arrojen más detalles sobre la magnitud de la red de corrupción. Mientras tanto, organizaciones civiles y políticas han exigido medidas más estrictas para combatir la corrupción policial y restaurar la confianza en las instituciones de seguridad.