El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió no intervenir en el amparo presentado para mantener la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como diputada provincial en Buenos Aires. La decisión, tomada el 13 de junio, se fundamenta en la incompetencia de su juzgado para resolver la cuestión, por lo que remitió el expediente a la Justicia provincial o a la Junta Electoral bonaerense, organismos que deberán determinar si la expresidenta puede competir en las próximas elecciones a pesar de la condena en su contra.

El recurso de amparo fue presentado por el abogado Daniel Llermanos, quien argumentó que, pese a la condena en la Causa Vialidad, Fernández de Kirchner conserva su "posesión de estado electoral" y que la inhabilitación afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a la candidata de su preferencia. "No le pueden privar que sea candidata, porque puede ir como testimonial", sostuvo Llermanos en declaraciones radiales, y agregó que la restricción vulnera la oferta electoral y la libertad de elección garantizada por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

En su resolución, Ramos Padilla afirmó que "la decisión sobre la posible candidatura invocada resulta de competencia de la justicia provincial y/o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en oportunidad de oficializar las candidaturas para cargos electorales provinciales". La condena contra Cristina Kirchner, ratificada por la Corte Suprema tras rechazar todos los recursos, incluye una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 y confirmada en 2024.

El caso ha generado un intenso debate político y jurídico. Sectores afines a la expresidenta denuncian una proscripción y cuestionan el accionar del Poder Judicial, mientras que la oposición y parte de la Justicia sostienen la validez de la inhabilitación. Analistas políticos señalan que la situación refuerza la unidad en la base electoral peronista y podría impactar en el escenario electoral bonaerense. El desenlace dependerá ahora de la decisión de la Justicia provincial o la Junta Electoral, en un contexto de alta polarización y desconfianza institucional.