Leonardo Airaldi, un hombre de 44 años oriundo de Mar del Plata y actualmente detenido en la Unidad Penal Nº 9 de Diamante, Entre Ríos, es el principal sospechoso de haber ideado un plan para asesinar a tres altos funcionarios judiciales y políticos. Según la investigación, Airaldi habría intentado contratar sicarios uruguayos para ejecutar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

La trama salió a la luz tras la declaración de Daniel "Tavi" Celis, otro preso con antecedentes por narcotráfico, quien relató ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, que Airaldi ofreció 40.000 dólares para llevar a cabo los asesinatos. El plan, según Celis, contemplaba atacar al juez y al fiscal durante sus vacaciones en Punta del Este, mientras que el atentado contra el ministro se realizaría en Argentina. Un segundo preso, Hugo Giarrizzo, aportó detalles adicionales sobre la logística y los movimientos de los funcionarios.

Las autoridades judiciales y policiales realizaron un allanamiento en la cárcel, donde secuestraron teléfonos celulares, documentos y drogas. El material incautado está siendo analizado para determinar la veracidad y el alcance del complot. Mientras tanto, se reforzaron las medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias.

El caso ha generado preocupación en el ámbito judicial y político, especialmente por el contexto de las causas de narcotráfico en las que Airaldi está involucrado. El acusado será juzgado próximamente por dos causas, una de ellas relacionada con el secuestro de 30 kilos de cocaína en Santa Fe. La denuncia también ha sido recibida con cautela, ya que existen antecedentes de rivalidades y posibles motivaciones personales entre los presos involucrados.

La investigación continúa en la Justicia Federal de Gualeguaychú, mientras se intenta esclarecer si el plan fue real o una maniobra dentro del complejo entramado carcelario. El caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en causas de crimen organizado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y control en el sistema penitenciario.