Un escándalo de corrupción ha sacudido a la Policía de Rosario, donde 13 agentes y 4 civiles están siendo imputados por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y lavado de activos. La audiencia judicial, que comenzó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, podría extenderse varios días debido a la complejidad del caso.

La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, reveló un esquema de sobrefacturación en la carga de combustible para patrulleros. Según las autoridades, los responsables concentraban tarjetas de combustible "Visa Flota" y realizaban pagos inflados en una estación de servicio cómplice, generando un desfalco estimado en 45 millones de pesos mensuales. Entre los detenidos se encuentran altos mandos policiales y civiles vinculados a la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900.

El caso comenzó a investigarse en julio de 2024 tras una denuncia anónima. Durante los últimos diez meses, se llevaron a cabo 36 allanamientos, intervenciones telefónicas y la instalación de dispositivos GPS en patrulleros para documentar las irregularidades. En los domicilios de algunos de los implicados se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, incluyendo 100 mil dólares y millones de pesos.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino la Unidad Regional II de la Policía, designando al director general Claudio Romano como interventor. La auditoría se centrará en los controles de carga de combustible y en la movilidad policial. Aunque el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, fue desplazado de su cargo, no figura entre los imputados.

Este caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de corrupción sistémica dentro de la Policía de Santa Fe. Antecedentes similares han sido investigados en años recientes, lo que subraya la necesidad de reformas estructurales en la institución. "Es algo demasiado grande, no es una corruptela, es una estructura histórica de recaudación", comentó un comisario en funciones.

Las audiencias continuarán en los próximos días, y se espera que arrojen más luz sobre la magnitud del fraude y las posibles implicaciones para otros mandos policiales. Mientras tanto, el gobierno provincial ha reafirmado su compromiso de combatir la corrupción y restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad.