La planta de Fate en San Fernando, una de las principales fabricantes de neumáticos de Argentina, anunció su cierre definitivo, dejando sin empleo a 920 trabajadores y poniendo fin a 80 años de historia industrial. La decisión fue comunicada abruptamente durante el periodo de vacaciones del personal, generando sorpresa y preocupación entre los empleados, quienes esperaban retomar sus actividades tras el receso.

Según testimonios de trabajadores, el salario promedio de un operario con más de 30 años de antigüedad era de $1,7 millones mensuales, pero llevaba 14 meses sin aumentos, lo que, en un contexto de alta inflación, deterioró significativamente el poder adquisitivo. "El salario cubre las cosas, pero como no teníamos aumento desde hacía 14 meses, se complicaba mucho. Algunos de mis compañeros estaban haciendo Uber para incrementar los ingresos", relató Jorge Ayala, empleado de Fate.

El conflicto se intensificó cuando la empresa no acató la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, que exigía la reapertura de la planta y la asignación de tareas. Los trabajadores mantienen una toma pacífica de las instalaciones, resguardando equipos y exigiendo garantías para sus puestos. "Es una permanencia pacífica en resguardo de los puestos de trabajo hasta que la empresa cumpla la conciliación obligatoria. Nosotros somos los primeros interesados en querer entrar a trabajar", explicó Ariel Godoy, uno de los despedidos.

La crisis de Fate tiene antecedentes en sucesivos Procedimientos Preventivos de Crisis desde 2019, agravados por la baja de aranceles a la importación de neumáticos del 35% al 16% en 2024. Esta medida favoreció el ingreso masivo de productos extranjeros, principalmente de China, desplazando la producción nacional. En 2025, la producción de neumáticos cayó un 57,3% interanual y la industria automotriz utilizó apenas un tercio de su capacidad instalada.

La empresa argumenta que los altos costos de producción, la sobrecarga impositiva y la competencia de importados hicieron inviable la continuidad. El Gobierno, por su parte, se muestra molesto por el cierre antes de la sanción de la reforma laboral y exige el cumplimiento de la conciliación. Los trabajadores solicitan la intervención estatal y la posibilidad de estatización bajo control obrero.

Por el momento, la planta permanece cerrada y el mercado local se encamina a ser abastecido íntegramente por productos importados, marcando el fin de la mayor fabricante de capitales nacionales en el sector del neumático. El impacto social en San Fernando es profundo, y el futuro de los trabajadores y la industria local permanece incierto.