El Gobierno nacional dispuso que todos los organismos del sector público deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en las licitaciones de Títulos Públicos y Letras del Tesoro, según lo establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Esta decisión forma parte del nuevo esquema de administración presupuestaria y financiera, enmarcado en la emergencia pública declarada por el DNU 70/23 y ratificada por la reciente aprobación de la Ley Bases.

La medida alcanza a la Administración Nacional, incluyendo la Administración Central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, empresas y sociedades del Estado, así como entes públicos y fondos fiduciarios constituidos total o mayoritariamente con bienes o recursos del Estado nacional. Según el texto oficial, los entes alcanzados deberán colocar sus fondos líquidos no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro en instrumentos de deuda del Estado, "sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados".

Quedan excluidos de esta obligación los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, los organismos deberán ajustarse a las disposiciones de sus respectivas normas de creación y observar los límites y restricciones que estas impongan. Estarán obligados a informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda sobre el flujo de fondos ejecutado al cierre del mes anterior, el flujo proyectado hasta fin de año y el estado de disponibilidades e inversiones al cierre del mes.

En caso de incumplimiento, la Secretaría de Hacienda podrá aplicar sanciones administrativas, que incluyen límites en la asignación presupuestaria o restricciones en la ejecución de pagos por transferencias a los organismos obligados. Esta disposición refuerza la estrategia del Ejecutivo de centralizar la liquidez del sector público y utilizarla como fuente de financiamiento interno, en un contexto donde la necesidad de sostener el equilibrio fiscal convive con restricciones de acceso al crédito y una política monetaria contractiva.

La medida busca canalizar los recursos disponibles dentro del propio Estado hacia el financiamiento del déficit, evitando recurrir al endeudamiento en el mercado o a la emisión monetaria. Si bien no se han reportado reacciones de los organismos afectados, la disposición podría impactar en la autonomía financiera de los entes públicos y en la disponibilidad de recursos para sus actividades específicas. El Gobierno sostiene que la medida es necesaria para fortalecer el equilibrio fiscal y garantizar la sostenibilidad financiera en el actual contexto económico.