El conflicto institucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de Corrientes alcanzó un nuevo punto de tensión esta semana, tras el reclamo de un aumento salarial del 6% para los trabajadores judiciales que no fue liquidado por falta de fondos. La disputa, que involucra la independencia financiera del Poder Judicial y la administración de los recursos provinciales, llegó a la Legislatura y generó un intenso debate político.

El Superior Tribunal de Justicia había acordado un incremento salarial del 12% para el personal judicial, del cual solo se abonó la mitad en marzo. El resto, correspondiente a abril, quedó pendiente luego de que el Ministerio de Hacienda comunicara formalmente que no enviaría los fondos necesarios, argumentando que de hacerlo, la Justicia podría quedarse sin recursos en los próximos meses. "El Poder Judicial es independiente, pero caja hay una sola", explicó el gobernador Juan Pablo Valdés, quien agregó: "Quedamos en verificar las proyecciones que ellos tienen para ver si nosotros somos los que estamos equivocados".

El conflicto escaló a la Cámara de Diputados, donde el legislador Pedro Cassani advirtió sobre el deterioro de la paz social y denunció una "intromisión del Ejecutivo" en el manejo de fondos asignados por ley. Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Hardoy defendió la postura del Gobierno, señalando que la advertencia no implica un avance sobre la independencia judicial, sino un llamado a la responsabilidad ante la crisis económica.

En medio de la tensión, el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, confirmó que el gobernador recibirá el lunes 4 de mayo a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia y al fiscal general, en una reunión considerada clave para encauzar el diálogo institucional. "Uno de los principales valores que debemos garantizar es mantener la paz social, sobre todo en una provincia como Corrientes", sostuvo López Desimoni.

El trasfondo del conflicto incluye una recaudación provincial inferior a la prevista (alrededor del 75%) y un presupuesto judicial recortado de los $300.000 millones solicitados a $195.000 millones aprobados. El desenlace de la reunión del lunes será determinante para el futuro de la relación entre los poderes y la estabilidad institucional en Corrientes.