IMPSA, la primera empresa privatizada bajo la administración de Javier Milei, enfrenta una profunda crisis financiera tras la falta de cumplimiento de pagos por parte del Estado Nacional. La compañía, dedicada a la infraestructura tecnológica y con sede en Mendoza, comunicó a sus empleados que el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) correspondiente al primer semestre será abonado en cuatro cuotas, junto con los salarios de los próximos meses. Esta decisión, según la empresa, responde a la ausencia de ingresos estatales previstos para proyectos que debían ejecutarse a fines de junio.

La medida ha generado un fuerte malestar entre los trabajadores y encendió la alerta en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza. Además, la planta de Godoy Cruz enfrenta otros conflictos, como demoras en el pago de retroactivos paritarios, faltante de insumos, reducción de turnos, suspensiones y recortes de horas extra. "La administración está desarticulada y sin rumbo", señalaron empleados, quienes también critican la falta de coordinación entre áreas y la gestión del country manager Pablo Magistocchi.

IMPSA fue adquirida en febrero por el fondo estadounidense ARC Energy, a través del consorcio Industrial Acquisition Fund (IAF), que compró el 84,9% de las acciones que estaban en manos del Estado nacional y el Gobierno de Mendoza. Desde entonces, la empresa no ha recibido los fondos comprometidos por la Nación, lo que ha agravado su delicada situación financiera.

En paralelo, IMPSA inició un proceso judicial para reestructurar su deuda, que asciende a más de 560 millones de dólares. La propuesta presentada ante la justicia mendocina contempla amortizar el capital en nueve cuotas anuales a partir de 2036, con el pago de intereses del 1,5% anual. La empresa espera la homologación del esquema y se comprometió a mantener informados a proveedores y bonistas.

La situación de IMPSA, emblemática por ser la primera privatización de la actual gestión, pone en duda la viabilidad de futuras políticas similares y deja bajo fuerte tensión a una de las históricas empresas industriales de Mendoza. El desenlace de este caso podría tener implicancias para el resto del sector y para la estrategia de privatizaciones del gobierno nacional.