Los gobernadores de todas las provincias argentinas se reunieron este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con funcionarios nacionales para discutir la distribución de fondos y el impuesto a los combustibles líquidos. El encuentro, que se extendió por más de una hora y media, no logró destrabar el conflicto por los recursos, lo que llevó a los mandatarios provinciales a firmar un proyecto de ley que será presentado en el Congreso de la Nación.

La iniciativa propone eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos y redistribuir esos recursos entre la Nación y las provincias según las prioridades de cada jurisdicción. Además, los gobernadores reclaman que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se reparta de acuerdo con los criterios de coparticipación federal, eliminando la discrecionalidad de la Casa Rosada en el manejo de estos fondos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró la postura del Gobierno nacional de no comprometer el equilibrio fiscal, señalando que “el Presidente ha sido claro: la respuesta a los problemas de la Argentina es la conducta fiscal. Y a eso no lo vamos a romper”. Francos también criticó la falta de ajuste en algunas provincias y sostuvo que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero sin ceder en sus objetivos económicos.

Por su parte, los gobernadores argumentan que la redistribución de los fondos no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que la medida busca fortalecer el federalismo y la equidad en la distribución de los recursos. “Son fondos que se encuentran atrapados en fideicomisos y que la Nación no está distribuyendo, y que son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones”, expresó uno de los mandatarios.

El debate por los fondos se da en un contexto de crisis económica, caída de la recaudación y recortes en las transferencias a las provincias. La falta de acuerdo tras la reunión en el CFI anticipa que el Congreso será el nuevo escenario de la disputa, mientras el Gobierno nacional insiste en la necesidad de disciplina fiscal y los gobernadores endurecen su postura en defensa de los recursos provinciales.