La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) logró cerrar un acuerdo salarial para el sector asistencial tras más de dos meses de intensas negociaciones y conflicto con las cámaras empresariales. El entendimiento, que abarca a trabajadores de clínicas, sanatorios, laboratorios y otros establecimientos de salud bajo los convenios colectivos 103/75, 108/75, 122/75 y 743/16, establece aumentos acumulativos en los sueldos básicos del 3,7% en junio, 2% en julio y 1,6% en agosto de 2026.

Además de los incrementos en los básicos, el acuerdo contempla el pago de asignaciones no remunerativas de $90.000 en junio y julio, y de $80.000 en agosto. En ese último mes, $12.000 se incorporarán al salario básico de la categoría más baja, proporcionalizándose al resto de las categorías y absorbiendo $10.000 de la suma no remunerativa. Esta medida busca fortalecer la estructura salarial y garantizar que los incrementos tengan un efecto permanente en los haberes de los trabajadores.

El conflicto salarial se había intensificado en los meses previos, con audiencias paritarias frustradas y un prolongado estado de alerta en todo el país. El titular de FATSA, Héctor Daer, había denunciado públicamente las propuestas empresariales como "vergonzosas" y advirtió: “No vamos a aceptar extorsiones ni salarios de miseria”. Desde el gremio, se rechazó que la crisis financiera del sector privado de salud, atribuida a retrasos en los pagos de prepagas y PAMI, se utilice para ajustar los salarios del personal.

La presión sindical y la unidad de los trabajadores fueron determinantes para destrabar la negociación y evitar un paro nacional en clínicas y sanatorios. El acuerdo es considerado un avance significativo para el sector, aunque persisten desafíos económicos y la necesidad de seguir defendiendo el poder adquisitivo frente a la inflación.

El sector empresarial, por su parte, no emitió declaraciones públicas tras la firma del acuerdo. El entendimiento garantiza previsibilidad salarial para los próximos meses y desactiva, al menos temporalmente, el conflicto en el sector asistencial de la salud privada. Sin embargo, la situación financiera de las instituciones sigue siendo un tema de preocupación y debate para el futuro inmediato.