Un importante operativo judicial realizado en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, destapó un presunto esquema de tráfico y explotación ilegal de fauna silvestre en un exclusivo coto de caza. La investigación, encabezada por el juez federal Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo, contó con la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la Brigada de Control Ambiental de la Nación.

El caso se inició tras la denuncia de la organización ambientalista Freeland, que alertó sobre la caza de un ciervo colorado de alto valor genético, por el que un empresario brasileño habría pagado 40.000 dólares. Las imágenes del cazador junto al animal muerto, difundidas en redes sociales por el propio establecimiento, se convirtieron en una de las principales pruebas del expediente.

El primer allanamiento se realizó el 10 de junio en el predio “Médano Salvaje”, donde se secuestraron la cornamenta del ciervo, otro ejemplar vivo y cerca de 50 trofeos de caza de distintas especies. Posteriormente, la Justicia Federal ordenó un segundo procedimiento en un galpón de la ciudad, donde se incautaron 29 escopetas, un revólver, más de 15.000 cartuchos, decenas de animales taxidermizados, cuernos, colmillos, astas, muebles y cuchillos confeccionados con partes de animales, además de documentación y dispositivos electrónicos.

El valor total de los bienes secuestrados supera los 1.300 millones de pesos, según estimaciones oficiales. Los investigadores sospechan que el ciervo colorado fue trasladado de manera irregular desde un criadero en Buenos Aires y que el coto de caza operaba sin la documentación habilitante exigida por la legislación vigente.

El fiscal Rebollo anticipó que se investiga la posible comisión de varios delitos, incluyendo infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, contrabando de especies, actos de crueldad animal y la financiación de la estructura. Además, no se descartan conexiones políticas que habrían facilitado el funcionamiento del circuito ilegal.

Por el momento, los responsables del establecimiento evitaron hacer declaraciones públicas. La causa avanza tanto en el fuero penal como en el administrativo, y podría derivar en sanciones económicas y cargos judiciales. El caso pone en el centro del debate la problemática del tráfico de fauna y la explotación ilegal de especies protegidas en Argentina.