Un caso de conflicto familiar en La Plata generó conmoción y movilizó a las autoridades durante casi una semana. El viernes pasado, Ezequiel César M., un hombre con una orden de restricción por violencia de género, retiró por la fuerza a su hijo de 9 años, Valentín, de la escuela N°18 de Gonnet. El hecho, que incluyó forcejeos y gritos desgarradores del menor pidiendo ayuda a su madre, fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

La madre del niño, Dyana Sagari, denunció inmediatamente la desaparición y señaló a los abuelos paternos como posibles cómplices. Según su relato, el padre violó tanto el régimen de visitas como la orden de restricción vigente. Durante los días posteriores, la madre buscó al menor en domicilios vinculados al padre y a los abuelos, pero no obtuvo resultados. La situación generó una intensa búsqueda por parte de las autoridades, quienes caratularon el caso como "averiguación de paradero".

Finalmente, este jueves, el padre y el menor se presentaron espontáneamente en la sede de la DDI La Plata, acompañados por un abogado. Fuentes oficiales confirmaron que el niño se encontraba en buen estado de salud. El Juzgado de Familia en turno dispuso que el menor quede bajo resguardo del padre hasta una audiencia programada para el próximo lunes.

El caso ha puesto en evidencia fallas en la protección judicial y en la intervención de las autoridades escolares. Según la madre, los niños ya habían manifestado previamente su deseo de no visitar al padre debido a presuntos maltratos. "Si el juzgado hubiera escuchado a los nenes, mi hijo no estaría desaparecido", declaró Sagari, visiblemente afectada.

Por su parte, el padre calificó las acusaciones como "falsas" y aseguró que el niño estaba con él por voluntad propia. En un mensaje enviado a un medio de comunicación, afirmó que el video del incidente estaba "sacado de contexto" y pidió que se respetara su privacidad.

El caso ha generado un debate en la comunidad sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia familiar. También ha resaltado la necesidad de una intervención más efectiva por parte de las autoridades para prevenir situaciones similares en el futuro. La audiencia programada será clave para determinar el futuro del menor y las responsabilidades legales de los involucrados.