El oficialismo argentino logró esta semana dos avances legislativos de alto impacto: la media sanción de la reforma laboral en el Senado y la aprobación en Diputados de la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil de 16 a 14 años. Ambos proyectos, impulsados por el presidente Javier Milei, generaron intensos debates parlamentarios y fuertes reacciones en la sociedad.

La reforma laboral, que ahora será tratada en la Cámara de Diputados, introduce modificaciones en juicios laborales, horas extras, vacaciones y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el objetivo de incentivar la formalización y reducir los costos para empleadores. El texto aprobado en el Senado recibió 42 votos a favor y 30 en contra, tras negociaciones y concesiones a gobernadores, sindicatos y empresarios. "Es un cambio estructural que genera previsibilidad para el empleo", destacaron representantes empresariales tras una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y limita la prisión efectiva a delitos graves, con un tope de 15 años de pena. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa: "No es matar al pibe, es darle otra oportunidad". La medida fue respaldada por 149 diputados y rechazada por 100, en medio de críticas de la oposición sobre la falta de inversión en educación y prevención.

Las sesiones estuvieron marcadas por manifestaciones frente al Congreso, que derivaron en incidentes y destrozos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno denunciará por terrorismo a los responsables de los ataques, señalando que "una bomba Molotov es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos". Hasta el momento, hay 17 acusados identificados, aunque no se registran detenciones.

El contexto económico y social sigue siendo tenso, con inflación persistente y reclamos sindicales. Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro por desacuerdo salarial, afectando el inicio del ciclo lectivo. Las reformas impulsadas por el Gobierno son vistas por sus defensores como pasos necesarios para la modernización y el crecimiento, mientras que opositores y gremios advierten sobre posibles retrocesos en derechos laborales y garantías para los jóvenes. El debate continúa en un clima de alta polarización política.