La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) se ha profundizado en los últimos meses, generando una ola de reclamos y denuncias por parte de afiliados, gremios y prestadores médicos en todo el país. El organismo, que cubre a más de medio millón de personas, enfrenta una deuda que supera los $200.000 millones y una transición incierta tras su disolución y la creación de dos nuevas entidades: OSFA y OSFFESEG.

El administrador de la "IOSFA residual", coronel mayor Ariel Guzmán, ordenó la apertura de un sumario administrativo para investigar posibles irregularidades en la modificación de un contrato de obra en la Residencia Cosquín. El foco está puesto en la gestión de Oscar Sagás, quien habría autorizado un incremento millonario sin la convalidación del directorio, en un contexto de vacancia de cargos y falta de quórum. "La presunta deficiencia en informes técnicos y la posible vulneración de principios de transparencia y debido procedimiento" son algunos de los puntos bajo investigación, según el sumario.

En paralelo, la diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa Luis Petri, acusándolo de administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de deberes. La denuncia sostiene que bajo su gestión se produjo un vaciamiento de las reservas de IOSFA, llevando a la suspensión de tratamientos vitales y a un endeudamiento crítico. "El resultado de esta gestión ha sido la puesta en riesgo directo de la vida y la salud de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad", afirmó Arrieta.

La situación se replica en distintas provincias. En Mar del Plata, Chaco, Formosa y otras regiones, los afiliados denuncian la interrupción de servicios médicos y la imposibilidad de acceder a tratamientos. Gremios como ATE declararon el Estado de Alerta y advirtieron sobre el riesgo de pérdida de patrimonio y puestos de trabajo. "Estamos rogando no enfermarnos porque no tenemos prestaciones", expresó Rubén López, secretario general de ATE en IOSFA.

Mientras tanto, el proceso de transición hacia las nuevas obras sociales no ha logrado resolver la crisis. Prestadores médicos advierten sobre la insostenibilidad del sistema y la falta de pagos, mientras el gobierno busca reorganizar el esquema de cobertura. La incertidumbre persiste entre los afiliados, que reclaman soluciones urgentes para garantizar el acceso a la salud y la continuidad de los servicios.