Un escándalo de corrupción en Chaco ha puesto en el centro de la atención pública a dirigentes sociales y funcionarios vinculados al exgobernador Jorge Capitanich. La investigación, conocida como la "megacausa de los piqueteros", ha revelado un esquema de lavado de dinero y malversación de fondos públicos que involucra a organizaciones sociales y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

La jueza federal Zunilda Niremperger dictó prisión preventiva para varios dirigentes sociales, entre ellos Juan Carlos Rolón y Diego Armando Rolón, quienes están acusados de desviar fondos públicos destinados a programas sociales. Según la investigación liderada por el fiscal Patricio Sabadini, los fondos provinieron del IAFEP, que manejó más de 16 mil millones de pesos en 2023. Este organismo fue disuelto en 2024 tras descubrirse múltiples irregularidades en su gestión.

Uno de los aspectos más impactantes del caso son los videos que muestran a menores manipulando grandes sumas de dinero, presuntamente provenientes de actividades ilícitas. Además, se detectaron irregularidades en la construcción de viviendas y otros proyectos financiados con fondos públicos, muchos de los cuales nunca se completaron.

El caso tiene implicaciones políticas significativas, ya que Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco y actual candidato a diputado provincial, ha sido señalado por su posible conexión con el esquema de corrupción. Capitanich ha negado las acusaciones y denunció una campaña de desprestigio en su contra, presentando una denuncia por fake news y financiamiento ilegal de campañas.

La investigación también ha llevado a la detención de figuras clave como Fernando Ayala, acusado de liderar una red de facturación apócrifa, y Walter Pasko, señalado como uno de los organizadores del esquema de lavado de dinero. Ambos están vinculados a cooperativas y organizaciones sociales que recibieron financiamiento durante la gestión de Capitanich.

El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular fue creado en 2021 con el objetivo de apoyar la agricultura familiar y la economía popular. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos. En 2023, el 93% de su presupuesto fue destinado a organizaciones sociales, muchas de las cuales no cumplieron con los proyectos asignados, como la construcción de viviendas y galpones.

El impacto del caso en la política chaqueña es innegable. Analistas señalan que podría influir en las elecciones provinciales, donde Capitanich compite como candidato. Mientras tanto, la justicia federal y local enfrenta críticas por su capacidad para llevar adelante una investigación imparcial y efectiva. La sociedad civil y la oposición exigen transparencia y justicia en un caso que ha sacudido los cimientos de la política y la administración pública en Chaco.