En el Día Internacional de la Mujer, organizaciones nacionales e internacionales alertaron sobre un marcado retroceso en los derechos de las mujeres en Argentina, especialmente desde la asunción del presidente Javier Milei. Diversos informes señalan que la eliminación del Ministerio de las Mujeres y la reducción de fondos para programas clave han debilitado la capacidad estatal para prevenir y asistir casos de violencia de género, así como para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Según datos de Amnistía Internacional y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), desde 2023 el gobierno nacional dejó de comprar y distribuir insumos esenciales para garantizar el derecho al aborto, lo que profundizó las desigualdades territoriales y puso en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes. Además, la distribución de métodos anticonceptivos cayó un 81% entre 2023 y 2024, y en 2025 no se distribuyeron preservativos en un contexto de aumento de enfermedades de transmisión sexual.

El vaciamiento de programas como Acompañar y la Línea 144, junto con la falta de un Plan Nacional de Acción contra la violencia de género, ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones. En 2025 se registraron 247 femicidios, la mayoría perpetrados por personas cercanas a las víctimas. La brecha salarial de género persiste, con mujeres que ganan en promedio un 26,1% menos que los hombres, y la pobreza afecta especialmente a hogares monomarentales.

El Comité CEDAW instó al Estado argentino a reconstruir organismos de igualdad de género, reabrir canales de consulta con la sociedad civil y adoptar un plan nacional integral contra la violencia, con metas medibles y financiamiento adecuado. "La igualdad no avanza por inercia: necesita decisión política, recursos y rendición de cuentas", advirtió la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Mientras el gobierno sostiene que no hay retrocesos y minimiza la brecha de género, el movimiento feminista argentino enfrenta una nueva etapa de resistencia, defendiendo las conquistas logradas y exigiendo políticas efectivas y rendición de cuentas estatal. El contexto actual plantea desafíos significativos para la protección de los derechos de las mujeres y la reducción de las desigualdades de género en el país.