La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando una tobillera electrónica mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos presentados por la defensa de la exmandataria, que cuestionaban tanto la colocación del dispositivo de monitoreo como el endurecimiento del régimen de visitas.

En su fallo, la Corte sostuvo que los argumentos de la defensa carecían de fundamentación autónoma y que la utilización de la tobillera electrónica es una exigencia normativa establecida por la ley 24.660 para quienes cumplen condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. "No se explica cómo sometió ese planteo ante el tribunal revisor, ni cuál fue su apoyo normativo", señalaron los magistrados, quienes también desestimaron los pedidos de recusación por considerarlos infundados.

El régimen de visitas fue endurecido luego de que la expresidenta hiciera pública una reunión con economistas en su domicilio, lo que llevó al Tribunal Oral Federal N°2 a limitar la cantidad de personas y el tiempo de permanencia de las visitas. Ahora, solo tres personas pueden ingresar por vez, con un máximo de dos horas, y se requiere autorización previa para quienes no integran el círculo íntimo de la exmandataria.

En paralelo, el juez Jorge Gorini autorizó a Cristina Kirchner a acceder a la terraza del edificio por un máximo de dos horas diarias, equiparando este beneficio a las salidas al patio que tienen los internos en cárceles comunes. Esta medida se implementará bajo control judicial y del servicio de monitoreo.

La defensa de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que las restricciones impuestas constituyen un perjuicio concreto y actual, y afectan derechos constitucionales como la intimidad y la razonabilidad. Sin embargo, la Corte consideró que las medidas son proporcionales y necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena.

La expresidenta fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa Vialidad. La condena fue confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025, y desde entonces Kirchner cumple arresto domiciliario bajo estrictas condiciones de control y supervisión judicial. El fallo del máximo tribunal deja firme la obligación de utilizar la tobillera electrónica y avala las restricciones vigentes, marcando un nuevo capítulo en la ejecución de la sentencia.