Un operativo conjunto entre la Fiscalía Federal de Rafaela, organismos nacionales y provinciales permitió el rescate de 31 personas sometidas a explotación laboral en dos campos rurales del norte de Santa Fe. Las víctimas, provenientes de Los Juríes, Santiago del Estero, vivían en condiciones infrahumanas: dormían en carpas precarias, sin acceso a agua potable ni baños, y eran obligadas a trabajar jornadas de diez horas diarias, todos los días de la semana, por un salario de 300.000 pesos quincenales, del cual se descontaba el costo de la comida.

El procedimiento se llevó a cabo en los establecimientos "Santa Ana" y "La Revancha e Isabelliana S.A.", ubicados en Pozo Borrado, departamento 9 de Julio. Según la investigación, las víctimas no podían retirarse del lugar, carecían de medios de comunicación y, en muchos casos, no sabían leer ni escribir o no tenían documentación personal. Entre los rescatados se encontraban dos menores de 17 años.

La intervención fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que alertaron a la Fiscalía tras constatar la situación. El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó allanamientos, el secuestro de celulares y cuadernos con anotaciones, e identificó a dos personas presuntamente responsables de la maniobra.

Las personas rescatadas fueron alojadas y asistidas por el Estado, que actualmente les brinda seguimiento integral. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel y su equipo avanzan con la causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, mientras se evalúa la posibilidad de nuevas imputaciones.

El caso reavivó el debate sobre el trabajo rural esclavo en Argentina y la necesidad de fortalecer los controles en zonas rurales de difícil acceso. El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un pedido de informes para esclarecer la situación legal de las empresas involucradas y los antecedentes de controles estatales en la región. Las autoridades reiteraron la gravedad de la situación y la importancia de garantizar condiciones dignas para los trabajadores rurales, subrayando la vulnerabilidad de quienes, por su situación social, quedan expuestos a este tipo de delitos.