El conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresariales mantiene paralizada la zafra de langostino en la Patagonia argentina. Tras más de un mes y medio de negociaciones fallidas, la disputa se centra en la exigencia de las empresas de reducir un 22% los ingresos de los marineros, una medida que el gremio rechaza de plano por considerarla un intento de precarización laboral.

En la última audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, las cámaras empresariales CAPIP, CAPeCA y CEPA reiteraron su pedido de reducción salarial y la posibilidad de firmar acuerdos individuales fuera del convenio colectivo. El SOMU, liderado por Raúl Durdos y con referentes como Juan Navarro y César Zapata, sostiene que "no hay nada por hacer" si la única alternativa es la baja de la producción del marinero. "El salario no es moneda de cambio. No vamos a permitir que se firmen actas que legalicen la precarización", remarcaron desde el sindicato.

Mientras tanto, algunas empresas han comenzado a convocar tripulaciones dispuestas a embarcar bajo acuerdos individuales, lo que ha generado divisiones internas entre los trabajadores. El empresario Fernando Álvarez aseguró que la mayoría de las tripulaciones están listas para zarpar antes del 23 de julio, aunque reconoció el temor a posibles represalias sindicales y la incertidumbre sobre la homologación de estos acuerdos por parte de la Secretaría de Trabajo.

La tensión en los puertos de Puerto Madryn y Puerto Deseado ha requerido la presencia de Gendarmería y Prefectura para prevenir incidentes entre grupos de trabajadores con posturas opuestas. Desde el SOMU no descartan nuevas medidas de fuerza si los buques son alistados sin aval sindical, mientras que los empresarios insisten en la necesidad de ajustar los costos laborales para mantener la competitividad internacional.

El conflicto ha generado importantes pérdidas económicas y afecta el movimiento comercial en las ciudades portuarias. La comunidad marinera se encuentra dividida y en estado de alerta, a la espera de una resolución que permita destrabar la temporada y garantizar tanto los derechos laborales como la sustentabilidad del sector pesquero.