El policía bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años, en un operativo policial realizado en Miramar en diciembre de 2021. La sentencia, dictada por el juez Facundo Gómez Urso tras un juicio por jurados, consideró a González responsable de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por su condición de funcionario policial y por alevosía.

El hecho ocurrió la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Olivera, que se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar, fue perseguido por la policía tras un llamado por ruidos molestos. Al intentar retirarse en su motocicleta, fue interceptado por un patrullero en la calle 9, entre 32 y 34. González descendió del móvil y disparó su arma reglamentaria, impactando en el pecho del joven y causándole la muerte. La autopsia confirmó que el proyectil provocó lesiones letales en múltiples órganos.

Durante el juicio, la fiscalía y la querella, representada por el abogado Gregorio Dalbón, argumentaron que el uso de la fuerza fue injustificado y constituyó un abuso de funciones. La defensa de González sostuvo que el disparo fue accidental, pero el tribunal desestimó esa versión tras las pericias balísticas. El veredicto unánime del jurado popular fue clave para la condena.

El caso generó conmoción en Miramar y a nivel nacional, reavivando el debate sobre violencia institucional. Familiares y amigos de Olivera realizaron manifestaciones exigiendo justicia, y el club Once Unidos, donde el joven jugaba al fútbol, expresó su dolor en redes sociales. Tras el asesinato, se produjeron protestas que derivaron en represión policial y varios heridos entre los allegados a la víctima.

El exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue contundente al referirse al accionar policial: "Hizo todo mal". Por su parte, el abogado Dalbón celebró el fallo como un avance en la lucha contra la impunidad y la violencia institucional. Además de la condena a González, otros cuatro policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento y enfrentarán procesos judiciales por separado.

La sentencia se considera un precedente importante en la provincia de Buenos Aires y refuerza el rol del juicio por jurados en casos de violencia institucional. El caso de Luciano Olivera se suma a otros reclamos por abuso policial en la región, y la sociedad civil continúa exigiendo reformas y mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.