El ex jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía de Tucumán, Gustavo Javier Beltrán, fue detenido junto a dos subalternos tras ser acusado de utilizar presos para realizar trabajos de albañilería en su casa de veraneo en El Cadillal. La investigación, que se inició por denuncias anónimas y testimonios de familiares de los detenidos, reveló que durante aproximadamente dos meses, Beltrán dispuso el traslado de cuatro presos desde comisarías de Chuscha y Choromoro hacia dependencias policiales y luego a su propiedad, sin autorización judicial ni registro oficial.

Según la acusación formal, los detenidos, algunos condenados por abuso sexual, eran llevados en móviles policiales y obligados a trabajar en beneficio personal del ex jefe policial. La fiscalía secuestró vehículos oficiales, teléfonos celulares y material de videovigilancia como parte de la recolección de pruebas. El juez Eduardo González dictó prisión preventiva para Beltrán por seis meses y para los subalternos por dos meses, ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, intervinieron rápidamente, ordenando la baja inmediata de Beltrán y otros responsables, y anunciaron un proceso de depuración en la fuerza policial. "No habrá tolerancia para quienes cometan delitos dentro de la Policía", afirmó Jaldo, destacando la importancia de separar las acciones individuales de la institución en su conjunto.

La investigación continúa, con peritajes sobre teléfonos celulares y la reconstrucción de la ruta de los móviles policiales. Se evalúa la posible existencia de una red de complicidad y encubrimiento, así como la inclusión del delito de vejaciones en la acusación principal. El caso también puso en revisión la situación dominial de la propiedad de Beltrán en El Cadillal, donde se realizaron los trabajos.

El abogado defensor de Beltrán, Augusto Avellaneda, cuestionó el procedimiento y la situación de los terrenos, mientras que la sociedad y las autoridades exigen transparencia y sanciones ejemplares. El proceso judicial y administrativo sigue en curso, y se espera que marque un precedente en la lucha contra la corrupción policial en Tucumán.