La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión para Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y para el exasesor Juan Marcelo Vargas, por el desvío de fondos públicos destinados a una obra vial en Río Turbio, Santa Cruz. La decisión del máximo tribunal, que rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, obliga a los condenados a presentarse en un plazo de cinco días hábiles ante el Tribunal Oral Federal 7 para comenzar a cumplir sus penas.

El caso investigó el desvío de 50 millones de pesos en 2015, fondos que debían ser utilizados para la construcción de la “Avenida de los Mineros”, una obra que nunca se concretó. Según la sentencia, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de ese año, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) entregó tres cheques a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, sin causa jurídica válida. La Justicia determinó que los fondos ingresaron en las cuentas de la empresa y no se destinaron a la obra prevista.

Durante el juicio oral celebrado en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 consideró probado el delito de peculado y ordenó la devolución del dinero al Estado. La fiscal Fabiana León solicitó la detención inmediata de los condenados y la restitución de los fondos, además de la aplicación de inhabilitaciones perpetuas. La absolución de Miguel Ángel Larregina, excoordinador de YCRT, también quedó firme tras la decisión de la Corte.

El exintendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, ya cumple condena firme desde 2021. El caso representa el primer juicio oral por irregularidades en Río Turbio y sienta un precedente para otras investigaciones sobre corrupción en obras públicas, incluidas causas que involucran a exfuncionarios de alto rango. La empresa FAINSER S.A. estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner, lo que añade relevancia política al caso.

La resolución de la Corte marca el cierre de una etapa judicial, aunque persisten otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en la Cuenca Carbonífera. La Justicia continúa investigando el presunto desvío de al menos 264 millones de pesos en obras de la mina de carbón de Río Turbio, en causas donde están imputados otros exfuncionarios.