Un escándalo sacude al ámbito judicial de Chubut tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a una mujer entregando $12 millones a un abogado, mencionando a la fiscal Julieta Gamarra, presuntamente para reducir la condena de un detenido. El material, cuya autenticidad aún se investiga, fue filmado en mayo de 2025 pero salió a la luz en marzo de 2026, generando un fuerte impacto institucional y público.

La fiscal Gamarra, aludida en el video, negó cualquier participación en el hecho y se presentó formalmente ante la Fiscalía, invocando el derecho de vindicación previsto en la Constitución provincial. "Puse mi teléfono a disposición de la Justicia para que se analicen todas mis comunicaciones", declaró Gamarra, quien además calificó la situación como de "extrema gravedad institucional" y denunció el daño personal y profesional que le ha causado la difusión del video.

El procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, fue quien presentó la denuncia ante el fiscal general Omar Rodríguez, solicitando una investigación exhaustiva sobre el contenido y la veracidad del material audiovisual. Rodríguez confirmó que se analizará tanto la autenticidad del video como las comunicaciones de la fiscal involucrada, y explicó que hasta el momento las únicas presentaciones formales corresponden a Gamarra y Miquelarena.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresó su "profunda preocupación" por la gravedad institucional del caso y remarcó la necesidad de una investigación rápida, independiente y rigurosa. Su presidenta, Carina Estefanía, advirtió que el resultado será grave en cualquier escenario: "Si el video es auténtico, se trataría de un delito grave; si está editado, también debe investigarse quién lo difundió y con qué fin". Además, la entidad impulsa la creación de un código de ética judicial para fortalecer la confianza pública en la Justicia.

El episodio se produce en un contexto de cuestionamientos a la independencia judicial en la provincia y reaviva el debate sobre la transparencia y legitimidad del Poder Judicial. Las autoridades judiciales insisten en la importancia de esclarecer los hechos para preservar la institucionalidad y la confianza ciudadana.