El asesinato de Juan Vanegas, un adolescente de 15 años, conmocionó a la comunidad de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió en la madrugada del 13 de diciembre, cuando Vanegas fue atacado a la salida de una fiesta de egresados. Según la autopsia, la causa de la muerte fue una única puñalada en el muslo izquierdo que dañó la arteria y la vena femoral, provocando un shock hemorrágico fatal. El informe forense determinó que no hubo heridas de defensa, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y premeditado.

La investigación judicial avanzó rápidamente, con la imputación de cuatro personas: dos adultos, que cumplen prisión preventiva, y dos menores, uno de los cuales fue derivado a una institución especializada. El fiscal regional Guillermo Beller explicó que la principal línea de investigación apunta a un hecho premeditado, posiblemente vinculado a disputas territoriales entre barrios, aunque no se descartan otras hipótesis.

Testigos relataron que Vanegas y un amigo salieron de la fiesta para comprar bebidas alcohólicas cuando fueron interceptados por un grupo de jóvenes. Tras recibir la herida, la víctima logró alejarse unos metros antes de desplomarse en la vía pública, donde fue asistido sin éxito por personal médico. Otro adolescente también resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.

El caso generó una fuerte reacción social. Familiares y vecinos se manifestaron frente a la comisaría local exigiendo justicia y denunciando la falta de seguridad. Durante la protesta, un comisario fue filmado responsabilizando a la familia de la víctima, lo que provocó indignación y repudio. "Él tenía derecho a disfrutar de la vida", respondió una de las hermanas de Vanegas.

El asesinato reavivó el debate sobre la violencia juvenil, la responsabilidad institucional y el abandono estatal en barrios vulnerables como Alto Comedero. Analistas y medios locales subrayan que el caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis social más profunda, marcada por la pobreza, la precariedad laboral y la expansión del narcotráfico. La comunidad exige respuestas estructurales y políticas públicas que garanticen inclusión y seguridad para los jóvenes jujeños.