La Cámara Federal de Casación Penal celebró una audiencia clave para definir el futuro de la prisión preventiva de Carlos "Indio" Castillo, condenado por crímenes de lesa humanidad y actualmente imputado en el juicio conocido como “1 y 60 / Comisaría 8va”. La revisión de su situación se produce tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al tribunal analizar nuevamente los fundamentos que sostienen su detención.

Durante la audiencia, realizada en los tribunales de Comodoro Py, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, sobrevivientes y querellantes expusieron sus argumentos ante los jueces. La abogada Josefina Rodrigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), advirtió sobre el riesgo que implicaría la liberación de Castillo: “Venimos de una ciudad que tiene un testigo desaparecido”, en referencia a Jorge Julio López. Rodrigo subrayó que la obligación del Estado es investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad, no liberar a los responsables.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por los ministros Rosatti y Rosenkrantz, sostiene que la gravedad de los delitos no justifica por sí sola la extensión de la prisión preventiva, y exige pruebas concretas de riesgo procesal. Sin embargo, los organismos de derechos humanos alertan que esta decisión podría sentar un precedente para otros represores sin sentencia firme, generando un “efecto dominó” en todo el país.

Castillo, ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), fue condenado en 2017 por secuestros, torturas y asesinatos, y actualmente enfrenta nuevas imputaciones por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976. Durante el proceso, se recordó que Castillo estuvo prófugo hasta 2011 y ha realizado amenazas a jueces y testigos, lo que incrementa la preocupación por su posible liberación.

La audiencia contó con la presencia de referentes políticos y sociales, quienes coincidieron en la necesidad de mantener la prisión preventiva para los acusados de crímenes de lesa humanidad. “El único lugar para un genocida es la cárcel común”, expresó Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

El caso se desarrolla en un contexto de retrocesos en las políticas de memoria y justicia, con críticas al gobierno nacional por el avance de discursos negacionistas y la desarticulación de organismos de derechos humanos. La resolución de Casación será determinante para el futuro de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.