El Gobierno nacional confirmó una profunda reducción del régimen de Zona Fría, medida que impactará directamente en más de 400 mil usuarios de la provincia de Mendoza y otras regiones incorporadas en la ampliación de 2021. Según el informe final del Consejo de Mayo y el proyecto de Presupuesto 2026, la nueva normativa restringirá el beneficio únicamente a las áreas históricamente alcanzadas por el programa, excluyendo a la mayoría de los usuarios mendocinos, salvo el departamento de Malargüe.

El régimen de Zona Fría otorgaba descuentos de entre el 30% y el 50% en la factura de gas natural a hogares de zonas con clima frío. La eliminación de la ampliación implica que miles de familias verán incrementados sus costos energéticos a partir del próximo año. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, justificaron la medida señalando que el esquema actual es un subsidio "mal diseñado" y de alto costo fiscal, que no discrimina entre quienes pueden y no pueden pagar. "El subsidio de zonas frías significa que los usuarios de zonas cálidas le subsidian, sin parámetros de eficiencia de consumo, al que puede pagar y al que no puede pagar", afirmó Latorre.

La decisión se enmarca en una serie de reformas más amplias impulsadas por el presidente Javier Milei, que incluyen la flexibilización de leyes ambientales y de recursos naturales. Entre los cambios propuestos figuran la simplificación de autorizaciones para el desmonte en zonas de menor valor de conservación, la derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo y la reducción de la intervención estatal en la explotación de recursos.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo del Ejecutivo, defendió la necesidad de una explotación más plena de los recursos naturales, criticando el modelo restrictivo que, según su diagnóstico, ha limitado el desarrollo económico del país. El informe destaca que Argentina desaprovecha sistemáticamente recursos que otros países de la región han convertido en industrias multimillonarias.

La medida ha generado preocupación entre los usuarios afectados y organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto en los hogares de menores ingresos y en regiones con condiciones climáticas adversas. Por su parte, el Gobierno provincial acompaña parcialmente la iniciativa, proponiendo que los subsidios se focalicen en función de los ingresos y no de la ubicación geográfica.

El debate sobre la equidad de los subsidios energéticos y la protección social frente a los ajustes fiscales continuará en el Congreso, donde se discutirán las reformas propuestas y sus posibles implicancias a futuro.