El sistema universitario argentino atraviesa una nueva semana de conflicto, con un paro nacional docente y no docente que se extenderá del 13 al 18 de abril. La medida, impulsada por gremios como Conadu Histórica y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), responde a la falta de acuerdo con el Gobierno nacional respecto al financiamiento y la recomposición salarial del sector.

El paro afecta a todas las casas de altos estudios del país, así como a sus escuelas preuniversitarias, y se inscribe en un contexto de creciente tensión. Los sindicatos denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Estado a actualizar salarios y partidas de funcionamiento según la inflación. Según datos gremiales y del Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios universitarios han perdido entre un 32% y un 36% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, mientras que los aumentos otorgados por el Ejecutivo —un 6,7% fraccionado en tres meses— resultan insuficientes frente a la inflación acumulada.

El conflicto se profundizó tras un reciente fallo judicial que ordena al Estado nacional cumplir con la normativa vigente, incluyendo la actualización salarial y el pago de deudas con los trabajadores. Sin embargo, representantes sindicales y universitarios sostienen que la resolución aún no fue implementada, lo que motivó la continuidad y profundización de las medidas de fuerza.

Durante la semana de paro, además de la suspensión de actividades académicas, se realizarán acciones de visibilización en todo el país, como clases públicas, jornadas de debate y una jornada nacional de protesta el 15 de abril bajo el lema "La Universidad no se apaga". Las autoridades gremiales también impulsan la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para principios de mayo, con el objetivo de masificar el reclamo y sumar adhesiones en defensa de la universidad pública.

El gobierno nacional, por su parte, propuso modificar la ley vigente y otorgar un incremento del 12% hasta septiembre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente. Mientras tanto, el conflicto universitario continúa escalando, con impacto directo en el dictado de clases y el desarrollo de actividades científicas y de extensión en todo el país. El desenlace del conflicto dependerá de la respuesta del Ejecutivo y de la capacidad de movilización de los actores universitarios en las próximas semanas.