El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad a través de una serie de decretos firmados en el marco de las facultades delegadas por la Ley Bases. La medida, que será publicada en el Boletín Oficial, implica cambios sustanciales en la estructura, funciones y atribuciones de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según fuentes oficiales, la reforma busca delimitar con mayor claridad las zonas y misiones de cada fuerza, evitando superposiciones en operativos y mejorando la eficiencia en la respuesta ante situaciones complejas, como movilizaciones sociales o delitos federales. "La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra", señalaron desde la Casa Rosada. El rediseño incluye una redistribución de efectivos tanto en las provincias como en la Ciudad de Buenos Aires, así como cambios en los sistemas de reclutamiento.

Uno de los ejes centrales es la transformación de la PFA en un cuerpo de investigación, inspirado en el modelo del FBI estadounidense. El recientemente creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI) tendrá atribuciones ampliadas, incluyendo la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial por hasta diez horas en casos de sospecha fundada. La PSA, por su parte, pasará a ser una fuerza especializada en la seguridad del transporte, abarcando trenes, colectivos y aviones, con el objetivo de liberar recursos de la PFA para otras tareas.

La reforma fue implementada mediante decretos y sin debate parlamentario, lo que ha generado críticas de la oposición y de organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la ampliación de facultades policiales y la falta de controles judiciales podrían debilitar las garantías democráticas y abrir la puerta a prácticas de espionaje interno y criminalización de la protesta. "Se presenta como un nuevo perfil más vinculado a los delitos federales, pero se ve una ampliación de facultades policiales, como tareas de inteligencia o espionaje en el espacio digital", alertó el CELS.

El gobierno, en cambio, sostiene que la reforma es una respuesta técnica a la creciente sofisticación del crimen organizado y que busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios defendieron la medida como necesaria y alineada con estándares internacionales.

La implementación de la reforma y los procesos judiciales en curso serán determinantes para evaluar su impacto real y su legitimidad institucional en el futuro.