La reciente decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha desatado una fuerte controversia en el país. Mientras el Ejecutivo asegura que los trabajos de mantenimiento y operativos en rutas continúan con normalidad, gremios, legisladores y organizaciones civiles advierten sobre los riesgos que implica la medida para la seguridad vial y el empleo.

Enzo Fullone, jefe de Vialidad Nacional en Río Negro, explicó que la reestructuración busca priorizar el trabajo operativo en rutas y reducir la estructura administrativa. "Todas las tareas, funciones y demás competencias siguen con total normalidad. No hay ningún cambio drástico en eso. No se desvinculó todavía a nadie", afirmó Fullone, quien también detalló que se están cerrando contratos de obras caídas para su posterior concesión a privados.

Sin embargo, la reacción de los sindicatos no se hizo esperar. Los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV presentaron amparos judiciales y proyectos de ley para frenar la disolución, argumentando que la medida es inconstitucional y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. "Cerrar Vialidad por decreto implicará no sólo más inseguridad en las rutas sino también menos transparencia", sostuvo Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales.

El debate también llegó al Congreso, donde bloques opositores impulsan iniciativas para derogar el decreto. El diputado Jorge Antonio Romero advirtió que más de 40.000 kilómetros de rutas podrían quedar sin mantenimiento, lo que augura "mayores accidentes, muertes en nuestras rutas".

Organizaciones de familiares de víctimas viales, como Madres del Dolor y Conduciendo a Conciencia, manifestaron su preocupación por el posible aumento de siniestros y la falta de campañas de prevención. "La seguridad vial no puede verse afectada por un debilitamiento de las políticas públicas que demuestran que han salvado vidas", expresó Diego Molina, activista y padre de una víctima.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reestructuración permitirá una mayor eficiencia y que los servicios no se verán interrumpidos. Mientras tanto, el debate legal y social continúa, con acciones judiciales y legislativas en curso y una creciente presión de la sociedad civil para revertir la medida. El futuro de la infraestructura vial y la seguridad en las rutas argentinas permanece en el centro de la discusión pública.