Samuel Tobares, un joven de 34 años, falleció el pasado 24 de noviembre durante un operativo policial en Villa Parque Síquiman, Córdoba, en circunstancias que han generado conmoción y un fuerte reclamo social. El hecho ocurrió cuando Tobares regresaba de su trabajo y fue interceptado por dos móviles policiales en una garita sobre la ruta 38. Según testigos, el procedimiento derivó en un forcejeo y una violenta reducción, durante la cual el joven fue golpeado, insultado y sometido en el suelo por varios minutos.

Testimonios recogidos por medios locales describen que los policías se sentaron sobre Tobares durante 15 a 20 minutos, mientras le propinaban golpes e insultos. "A ese chico lo mataron como si fuera un perro", relató un testigo presencial. Cuando llegaron más patrulleros, los efectivos intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, pero el joven ya no respondía. Fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde se constató su fallecimiento.

La autopsia preliminar confirmó la presencia de múltiples golpes en el cuerpo de Tobares, aunque ninguno fue identificado como causa directa de muerte. Sin embargo, la investigación continúa a la espera de estudios complementarios para determinar las circunstancias exactas del deceso.

La Fiscalía de Instrucción N.º 2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzucchi, ordenó la detención de dos policías involucrados, quienes fueron imputados por homicidio preterintencional. Paralelamente, la Dirección de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad inició una pesquisa interna para analizar el accionar de los efectivos.

La familia de Tobares, representada por el abogado Carlos Nayi, reclama que la acusación se agrave a homicidio calificado y exige justicia. "Nos desgarró el alma, pero voy a estar fuerte hasta que haya justicia", expresó la madre del joven. La comunidad local también se ha movilizado en reclamo de esclarecimiento y transparencia en la investigación.

El caso de Samuel Tobares reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina y pone en el centro de la discusión la necesidad de revisar los protocolos policiales y garantizar el respeto a los derechos humanos.