"Propofest": revés judicial para los anestesistas del Hospital Italiano
🔎 La Justicia confirmó el procesamiento de dos anestesistas del Hospital Italiano por el presunto robo de propofol. Se mantienen embargos millonarios y la investigación sigue abierta. Hay opiniones divididas entre los jueces y defensas. #Justicia #Salud



La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse, acusados de la sustracción de propofol del Hospital Italiano. La decisión, adoptada por mayoría, mantiene la imputación de administración fraudulenta contra Boveri como autor y Lanusse como partícipe secundaria, así como los embargos de $70.929.520 y $30.929.520 respectivamente.
El caso, conocido como “Propofest”, salió a la luz tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien fue hallado sin vida en su domicilio con frascos de propofol. La investigación judicial se inició a partir de denuncias formales presentadas tanto por el Hospital Italiano como por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, que fueron unificadas en un solo expediente.
Según la resolución judicial, los testimonios de colegas y allegados a los imputados fueron considerados válidos y suficientes para sostener las imputaciones, aunque uno de los jueces del tribunal, Rodolfo Pociello Argerich, votó en disidencia al considerar que aún no se ha probado fehacientemente el origen de los medicamentos ni el daño patrimonial al hospital. “No se ha podido establecer fehacientemente que las sustancias provenían del hospital ni que existió un daño patrimonial comprobable”, sostuvo el magistrado.
Las defensas de Boveri y Lanusse apelaron el procesamiento, argumentando que las pruebas son indirectas y que el hospital no ha demostrado un perjuicio económico concreto. Además, cuestionaron la validez de los testimonios y la falta de pruebas directas sobre la sustracción de los medicamentos.
La Cámara ratificó también la prohibición de contacto entre los imputados y la salida del país por 90 días, mientras la investigación continúa con peritajes pendientes sobre dispositivos electrónicos que podrían aportar evidencia relevante. El caso ha generado debate en el ámbito médico sobre el control de medicamentos y la responsabilidad profesional, y se espera que nuevas pruebas puedan esclarecer los hechos en las próximas etapas del proceso judicial.
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