El funcionario que duró un mes en el cargo: manejaba borracho con 2,26 gramos de alcohol en sangre
• Funcionario mendocino Diego Silvestre fue detenido en San Rafael con 2,26 g/l de alcohol en sangre, sin papeles del vehículo. Renunció tras el escándalo. El caso reaviva el debate sobre funcionarios y controles de alcoholemia en Mendoza. 🚔🍷



El funcionario mendocino Diego Silvestre, quien se desempeñaba como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael y consejero titular del Consejo de Minería de Mendoza, presentó su renuncia tras ser detenido en un control vial por conducir con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que cuadruplica el límite legal permitido en la provincia. El hecho ocurrió el pasado domingo 5 de julio en San Rafael, cuando la policía detuvo la camioneta que conducía Silvestre y constató que, además, no portaba licencia de conducir, seguro ni cédula del vehículo.
La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito político y social mendocino. La vicegobernadora Hebe Casado expresó públicamente su malestar y remarcó: “Todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado”.
Especialistas en seguridad vial, como Roberto Tomassiello, subrayaron la gravedad del nivel de alcohol detectado y la necesidad de que los funcionarios den el ejemplo. “No hay margen para la duda. Cuando se transita la ley, la ley es pareja para todos. Pero tratándose de funcionarios, siempre hay una responsabilidad mayor”, afirmó Tomassiello en declaraciones radiales.
El caso de Silvestre no es aislado. En el último año, al menos otros tres funcionarios mendocinos fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol, con consecuencias dispares: algunos presentaron su renuncia, mientras que otros continuaron en sus cargos. El Gobierno provincial aceptó la dimisión de Silvestre y aclaró que su designación en el área minera fue propuesta por el Colegio de Abogados.
El episodio reavivó el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de endurecer las sanciones legales para quienes infringen las normas de tránsito. La sociedad mendocina y diversos especialistas coinciden en la importancia de mantener controles estrictos y sanciones ejemplares para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad vial.
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