El Congreso argentino vivió una jornada de alta tensión política tras el cruce de denuncias penales entre el oficialismo y la diputada Marcela Pagano. Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaba su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Pagano se dirigió a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional. Según la legisladora, aportó documentación sobre una presunta empresa offshore en Uruguay, vinculada a contratos de la TV Pública y al periodista Marcelo Grandío, a quien señala como socio comercial de Adorni.

Pagano declaró como testigo en la causa y detalló que los fondos recaudados por publicidad del programa "Giros" se habrían desviado a la firma offshore, con el objetivo de eludir impuestos en Argentina. "Por haber sido invitada al programa, puedo dar fe que Adorni y Grandío trabajaban como socios en la estructura periodística y comercial", afirmó la diputada. Adorni, por su parte, negó cualquier vínculo contractual con Grandío y rechazó las acusaciones durante su exposición en el Congreso.

La respuesta del oficialismo fue inmediata: un grupo de 15 diputados de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra Pagano, acusándola de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta. La denuncia, radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, también involucra a la pareja de Pagano, Franco Bindi, por supuesta complicidad en maniobras irregulares. Los legisladores sostienen que existen "indicios serios" de un mecanismo de retorno de fondos públicos y piden una investigación urgente.

En paralelo, el diputado Rodolfo Tailhade cuestionó los viajes y gastos de Adorni, sugiriendo incompatibilidad con sus ingresos declarados. El jefe de Gabinete respondió acusando a la oposición de "espionaje" y de poner en riesgo la seguridad de su familia al exponer información personal.

Pagano, consultada sobre la denuncia en su contra, aseguró estar "tranquila" y defendió la legalidad de su patrimonio, señalando que las acusaciones refieren a períodos en los que aún no era diputada. El caso, que se suma a otros episodios recientes de denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición, queda ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar la veracidad de las acusaciones y el alcance de las responsabilidades.