Una joven de 18 años denunció a su tía por obligarla a prostituirse durante más de tres años en la localidad de Guaraní, Misiones. La denuncia, presentada el 18 de noviembre, reveló un entramado de abuso sexual, amenazas y extrema vulnerabilidad que conmocionó a la comunidad local y movilizó a las autoridades policiales y judiciales.

Según el testimonio de la víctima, la mujer de 27 años la obligaba a mantener relaciones sexuales con distintos hombres en diversos puntos del municipio, coordinando los encuentros por teléfono y recibiendo dinero o mercadería a cambio. La joven relató que no podía negarse por temor a ser expulsada de la vivienda y quedar en situación de calle. Producto de los abusos sistemáticos, la víctima quedó embarazada, lo que aceleró la intervención de la Justicia y la activación de protocolos de protección integral.

El operativo policial, realizado la noche del 18 de noviembre en Villa Somer, incluyó la participación de la Comisaría de Guaraní, la Comisaría de la Mujer y la División Cibercrimen. La acusada fue detenida en su domicilio y se secuestró su teléfono celular, considerado una pieza clave para la investigación, ya que era utilizado para coordinar los encuentros con los victimarios. El dispositivo será sometido a peritajes digitales para profundizar el análisis de los contactos y registros de llamadas.

La causa, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 1-2 de Oberá, permanece en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas para esclarecer la extensión del delito y la posible responsabilidad de otros actores. Mientras tanto, la joven recibe asistencia psicológica y contención por parte del Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones, integrado por profesionales en psicología y psicopedagogía.

El caso ha generado repudio y conmoción en la comunidad, especialmente tras conocerse que en mayo pasado la acusada había recibido donaciones millonarias en una campaña solidaria nacional, presentándose como cuidadora de sus sobrinos. Además, familiares y vecinos aportaron antecedentes sobre la situación de vulnerabilidad y posibles complicidades, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la protección de la víctima y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, en un contexto de creciente preocupación por la explotación sexual infantil en la región.