La renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec marcó una semana de alta tensión política y económica en la Argentina. El funcionario dejó su cargo tras desacuerdos con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a la actualización de la metodología para medir la inflación. Según fuentes oficiales, la decisión de suspender el nuevo índice se tomó para evitar un salto inflacionario que pudiera afectar el plan de estabilización fiscal.

La fórmula vigente para calcular el IPC se basa en hábitos de consumo de 2004, pese a que organismos internacionales como el FMI recomiendan actualizaciones periódicas. El Banco Provincia estimó que la no actualización permitirá un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del PBI, al moderar el aumento de jubilaciones y prestaciones sociales indexadas. Sin embargo, la medida generó críticas de la oposición, sindicatos y consultoras privadas, que advierten sobre el rezago estadístico y el impacto en el poder adquisitivo.

El conflicto se agravó con la presentación de una denuncia judicial contra Caputo por revelar datos estadísticos antes de su publicación. En paralelo, el Congreso debate un proyecto para otorgar autarquía al Indec, impulsado por el Frente Renovador. La crisis estadística se da en un contexto de negociaciones por la reforma laboral, donde la baja de impuestos a empresas condiciona el reparto de fondos a las provincias.

La oposición y los sindicatos cuestionan la transparencia del gobierno y exigen explicaciones públicas. El oficialismo, por su parte, sostiene que la medida es necesaria para consolidar el proceso de desinflación y evitar distorsiones en las cuentas públicas. El debate sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales revive viejas disputas, mientras Milei busca acelerar reformas estructurales en un escenario de alta conflictividad social y debilidad opositora.

La situación del Indec y la medición de la inflación se convierten en un eje central de la agenda política, con implicaciones directas en el ajuste fiscal, el poder adquisitivo y la gobernabilidad. El desenlace de la crisis podría definir el rumbo de las reformas y la estabilidad institucional en los próximos meses.