En medio de una profunda crisis económica y en pleno año electoral, los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acordaron impulsar un proyecto de ley para eliminar los fondos fiduciarios financiados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La iniciativa, consensuada en una reunión celebrada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), propone que esos recursos se distribuyan entre Nación y provincias bajo el mismo criterio de la coparticipación federal, con el objetivo de garantizar una mayor equidad en la asignación de fondos.

El reclamo de los mandatarios surge tras una caída del 23,4% interanual en las transferencias automáticas a las provincias durante mayo, según datos de la consultora Analytica. A pesar de que el Gobierno nacional sostiene que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se encuentran en niveles récord, los gobernadores denuncian una subejecución de estos fondos y discrecionalidad en su reparto. “Proponemos un Proyecto de Ley mediante el cual se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, señala el texto firmado por los gobernadores.

El Gobierno, por su parte, se muestra inflexible ante el reclamo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que “los números no dan” y que cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal será vetada. “Algunas provincias han hecho esfuerzos, pero nunca se hace lo necesario”, afirmó Francos, quien también destacó los recortes realizados a nivel nacional.

La propuesta de los gobernadores cuenta con el respaldo de aliados y opositores al oficialismo, lo que representa un giro en la relación con la Casa Rosada. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, subrayó que la medida busca terminar con el uso discrecional de los fondos y que “no es dinero que se saca a la Nación, sino recursos que históricamente pertenecen a las provincias”.

El conflicto pone de manifiesto la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias en un contexto de ajuste fiscal, caída de la recaudación y paralización de obras públicas. Mientras continúan las negociaciones, el desenlace de este enfrentamiento podría tener implicancias significativas para el federalismo y la distribución de recursos en la Argentina.