El inicio del segundo cuatrimestre en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y más de 50 universidades nacionales fue postergado debido a un paro de docentes y no docentes, que reclaman una urgente recomposición salarial y el aumento de las partidas presupuestarias. La medida, convocada por gremios como ADUBA, APUBA, FEDUBA, UTE-CTERA y CONADU, se extenderá en algunas instituciones durante toda la semana y afecta también a colegios preuniversitarios y hospitales universitarios.

El conflicto se produce en medio de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca revertir el ajuste presupuestario y elevar el financiamiento educativo, actualmente en su nivel más bajo en 33 años. El Senado debe tratar la ley en las próximas semanas, aunque existe la posibilidad de un veto presidencial. Los gremios advierten que los salarios universitarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza y que la pérdida del poder adquisitivo supera el 29% respecto a 2023. Además, el presupuesto de la Secretaría de Educación cayó un 47,6% en dos años.

Las actividades de protesta incluyen clases públicas, radios abiertas y charlas informativas en facultades, institutos y hospitales universitarios. "El Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios", afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA. Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, denunció que la actualización presupuestaria para la función salud de la universidad fue de 0% en el último año, mientras la inflación acumulada supera el 70%.

El paro cuenta con alto acatamiento y genera preocupación entre las autoridades universitarias, que temen por la deserción estudiantil y el vaciamiento institucional. El conflicto trasciende la cuestión salarial e incluye reclamos por condiciones laborales, salud, alimentación y acceso a la ciencia y tecnología. Desde el gobierno, se niegan despidos masivos y se defiende la ejecución normal de los fondos.

El debate sobre el futuro de la universidad pública se intensifica, con expectativas puestas en la decisión del Senado y la posibilidad de una nueva Marcha Federal Universitaria. Los gremios y autoridades insisten en la necesidad de respuestas urgentes para evitar una escalada en el plan de lucha y garantizar la supervivencia de la educación superior gratuita y de calidad en Argentina.