La Justicia de Santa Cruz concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Susana Reina, condenada a prisión perpetua como autora intelectual del asesinato de Vicente Maillo, un crimen que conmocionó a Río Gallegos en 2017. La medida, otorgada por razones de salud debido a un diagnóstico de cáncer de mama, generó un profundo impacto en la familia de la víctima, que expresó su desacuerdo pero decidió no apelar la resolución tras casi una década de proceso judicial.

Según la investigación, el homicidio de Maillo fue planificado por Reina, sus hijos y su suegra, motivados por una disputa por una herencia de aproximadamente 17 millones de pesos. El crimen fue ejecutado mediante la contratación de un sicario y la simulación de un robo, pero las pruebas forenses y los registros de cámaras de seguridad permitieron esclarecer el caso y condenar a los responsables a prisión perpetua. Las sentencias quedaron firmes luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos presentados por las defensas.

La reciente decisión judicial permite a Reina cumplir la condena en una vivienda particular bajo custodia del Servicio Penitenciario y con tobillera electrónica, con autorización para salir únicamente por motivos médicos. Aunque informes médicos presentados por la defensa indicaron que el tratamiento de quimioterapia no podía realizarse en la cárcel, el Cuerpo Médico Forense sostuvo que sí era posible, y la fiscalía se opuso al beneficio. Sin embargo, el juez de Ejecución de Sentencias priorizó los derechos humanos de la condenada ante las condiciones penitenciarias.

Érica Schupbach, abogada querellante y sobrina de la víctima, manifestó el dolor y el hartazgo de la familia tras años de litigio. "Estamos dolidos por la decisión judicial, que obviamente no nos va a parecer razonable de ninguna forma. Siempre pasa, el derecho de la víctima no está en la misma ubicación de la balanza de la Justicia que el derecho del preso", declaró. La familia, agotada por el proceso, decidió no presentar oposición formal y dejar el caso en manos de la "justicia divina".

En paralelo, la Justicia Civil resolvió quitar el apellido Maillo a los condenados, una decisión celebrada por los familiares del comerciante asesinado. El caso vuelve a poner en debate el equilibrio entre los derechos de los condenados y los de las víctimas, así como las condiciones de detención en casos de enfermedades graves. La resolución judicial ha generado un amplio debate social y jurídico en Santa Cruz, donde el recuerdo del crimen sigue vigente a casi nueve años de ocurrido.