El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata rechazó el pedido de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", para trabajar como niñera mientras cumple prisión domiciliaria. Alvite está imputada por homicidio simple con dolo eventual tras atropellar y matar a Walter Armand durante una presunta picada ilegal en abril de 2024. La defensa había solicitado que se le permitiera salir dos veces por semana para cuidar a un niño, argumentando la necesidad de trabajar y costear sus estudios.

La resolución judicial, firmada por los jueces Silvia Edit Hoerr, Analía Inés Carrillo y Claudio Joaquín Bernard, consideró que "no se encuentran dadas las condiciones" para flexibilizar el régimen de arresto domiciliario. El tribunal remarcó la gravedad del delito imputado y la falta de verificación suficiente de la oferta laboral, así como la ausencia de mecanismos de control como el monitoreo electrónico. "La conjunción de una oferta laboral no verificada y la ausencia de un mecanismo de control (…) nos llevan a sostener que la petición no haría más que desnaturalizar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario", expresó el juez Bernard en el fallo.

La familia de la víctima y la fiscalía se opusieron firmemente al pedido. En redes sociales, los familiares de Walter Armand manifestaron su dolor y exigieron justicia, señalando: "No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa en la cárcel como tiene que estar, sino que también pretende tener salidas laborales". La defensa de Alvite, por su parte, argumentó que la joven necesita trabajar para costear sus estudios y contribuir a los gastos del hogar.

El caso ha generado debate sobre los límites de la prisión domiciliaria en delitos viales graves. Alvite permanece bajo arresto domiciliario desde mayo de 2025 y el juicio oral aún no tiene fecha de inicio, aunque la próxima audiencia preliminar está prevista para febrero de 2026. En el mismo proceso será juzgada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, por su participación en la carrera ilegal. La resolución del tribunal refuerza las restricciones vigentes y pone de relieve la cautela con la que se deben analizar posibles flexibilizaciones en casos de delitos graves.