El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Glaciares, con el objetivo de redefinir los criterios de protección de estos ecosistemas y facilitar inversiones en el sector minero. La iniciativa, presentada el 15 de diciembre para su tratamiento en sesiones extraordinarias, propone que la protección se limite a glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas relevantes, y otorga a las provincias un rol preponderante en la evaluación ambiental y la actualización del Inventario Nacional de Glaciares.

Según el Ejecutivo, la ley vigente, sancionada en 2010, presenta "graves falencias" y ha obstaculizado el desarrollo económico bajo "pretextos ideológicos". El proyecto busca, según el comunicado oficial, "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional". Además, se espera que la reforma destrabe inversiones mineras, especialmente en cobre, que podrían alcanzar los 35.000 millones de dólares.

Sin embargo, la propuesta generó fuertes críticas de organizaciones ambientales y expertos, quienes advierten que la reforma reduciría la protección ambiental y pondría en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó la iniciativa como "ilegal e inconstitucional", argumentando que otorga a las provincias la facultad de definir qué glaciares proteger, lo que podría derivar en una protección desigual y en conflictos entre jurisdicciones. "La protección de los glaciares debe ser progresiva y nunca dar pasos hacia atrás", sostuvo la organización.

El debate se enmarca en un contexto de presión por inversiones mineras y crisis climática global. La Corte Suprema de Justicia había ratificado en 2019 la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando la importancia de una protección ambiental uniforme a nivel nacional. Mientras tanto, el Gobierno y sectores mineros insisten en la necesidad de reglas claras y seguridad jurídica para atraer inversiones y promover el desarrollo económico, mientras que ambientalistas y parte de la sociedad civil alertan sobre los riesgos de flexibilizar la normativa.

El futuro de la reforma dependerá del debate parlamentario y de la capacidad de los distintos actores para conciliar desarrollo económico y protección ambiental, en un país donde los glaciares son clave para el abastecimiento hídrico y la regulación de cuencas.