El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una sentencia de US$16.000 millones, reavivó el debate político sobre la expropiación de la petrolera en 2012. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra los legisladores riojanos que votaron a favor de la medida, entre ellos el exsenador Jorge Yoma, generando un fuerte cruce en redes sociales.

Menem recordó que fue el único riojano que no participó de la expropiación, mientras que Yoma defendió su voto afirmativo y cuestionó la privatización de YPF durante el gobierno de Carlos Menem. "Yo voté la estatización de YPF y lo volvería a hacer con las dos manos", afirmó Yoma, quien argumentó que la medida permitió recuperar el control estatal y fomentar inversiones, especialmente en Vaca Muerta.

La expropiación, impulsada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, fue aprobada en el Congreso con 208 votos en Diputados y 63 en el Senado, contando con el respaldo de oficialistas y opositores. Sin embargo, la decisión generó un conflicto internacional, especialmente con España, y derivó en el juicio que hoy enfrenta el país.

El fallo de Preska, que aún puede ser apelado, puso bajo la lupa la responsabilidad política de quienes apoyaron la expropiación. Mientras el oficialismo actual responsabiliza al kirchnerismo por el costo económico, exlegisladores como Yoma reivindican la medida como un acto de soberanía. El debate también expone viejas tensiones familiares y políticas en La Rioja, donde tanto Menem como Yoma tienen raíces profundas.

A medida que Argentina evalúa los próximos pasos legales, el caso de YPF sigue siendo un símbolo de las disputas sobre el control de los recursos estratégicos y la gestión de políticas energéticas a largo plazo.