El Gobierno argentino presentó ante el Congreso la denominada "Ley de Inocencia Fiscal", una iniciativa que busca modificar el régimen penal tributario y facilitar la regularización de ahorros no declarados, en particular los denominados "dólares del colchón". El proyecto, impulsado por el diputado José Luis Espert y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, propone elevar los umbrales para considerar delitos tributarios y simplificar la declaración de Ganancias para personas físicas.

Entre los principales cambios, la ley eleva de $1,5 millones a $100 millones el monto mínimo para que una diferencia fiscal sea considerada delito, actualizando así parámetros que no se modificaban desde 2017. Además, introduce un Régimen Simplificado de Declaración Jurada que permitirá a los contribuyentes regularizar su situación patrimonial sin necesidad de justificar el origen de los fondos, siempre que cumplan ciertos requisitos de ingresos y patrimonio.

El plan apunta a incentivar la incorporación de hasta u$s100.000 millones en billetes físicos que, según estimaciones, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. El Gobierno sostiene que la medida busca "blindar" a los ahorristas ante futuras administraciones y terminar con el "Estado cazador de contribuyentes". Sin embargo, la iniciativa ha generado un intenso debate político y técnico.

Expertos tributaristas consultados consideran que la medida es oportuna y puede ampliar la base de contribuyentes, aunque advierten que su éxito dependerá de la confianza en el sistema y de la percepción de seguridad jurídica. También señalan que la exclusión de grandes contribuyentes y monotributistas limita el alcance del régimen simplificado.

Críticos del proyecto lo califican como un blanqueo encubierto que podría beneficiar a evasores y erosionar la recaudación fiscal, mientras que otros advierten sobre los riesgos de lavado de dinero y la necesidad de cumplir compromisos internacionales. El debate legislativo se anticipa complejo, con posturas divididas entre oficialismo y oposición, y la mirada atenta de organismos internacionales como el FMI.

En un contexto de alta inflación, caída de la recaudación y necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central, la "Ley de Inocencia Fiscal" se presenta como una apuesta del Gobierno para formalizar activos y dinamizar la economía, aunque su impacto real dependerá de la confianza que logre generar entre los contribuyentes y de la aprobación parlamentaria.