En las últimas semanas, la provincia de Santa Fe se ha convertido en escenario de una fuerte controversia por el estado de sus rutas nacionales. Grandes carteles de fondo rojo y letras blancas aparecieron en puntos estratégicos de las rutas 9, 33, 11 y A012, señalando que el mantenimiento corresponde al Estado Nacional. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, busca visibilizar el deterioro vial y responsabilizar al gobierno central por la falta de obras.

El conflicto se agravó tras la decisión del presidente Javier Milei de dar de baja los convenios de reparación y mantenimiento en tramos críticos, como la ruta 178 entre Las Rosas y la intersección con la 33, y la ruta 33 que conecta Sancti Spíritu con Rosario. La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, formalizada por decreto, dejó a la provincia sin el organismo encargado de licitar y controlar trabajos sobre más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. "Estamos ante una decisión insensata que desconoce fallos judiciales firmes y deja a la deriva a los vecinos que usan diariamente esas rutas", afirmó el ministro Enrico.

La falta de mantenimiento ha tenido consecuencias graves. Según un informe de la organización civil Construir-Hacer, en la ruta 33 se registraron 69 muertes y 823 siniestros viales en los últimos cuatro años. Vecinos y transportistas denuncian el aumento de accidentes y los elevados costos de reparación de vehículos, mientras la provincia reclama la cesión de las rutas nacionales para poder intervenir directamente. "La gente se queja mucho y hay denuncias, pero parece que el Estado no toma medidas", expresó Eduardo Cimino, titular de un taller en Firmat.

En el Congreso, legisladores santafesinos presentaron proyectos para declarar la emergencia vial y garantizar la continuidad de las obras públicas. El Senado aprobó reformas para mejorar la distribución de fondos viales a las provincias, en medio de una creciente tensión política por el reparto de recursos y la autonomía provincial. Mientras tanto, la provincia ha intervenido con recursos propios en rutas provinciales y nacionales, pero subraya que la responsabilidad primaria recae en la Nación.

El deterioro de las rutas afecta no solo la seguridad de los usuarios, sino también la producción agrícola, ya que por estas arterias circula el 80% de la exportación nacional. El gobierno nacional defiende la privatización y la apertura de licitaciones, aunque el interés privado ha sido escaso. La controversia sigue abierta, con reclamos de soluciones urgentes y un escenario de incertidumbre para el futuro de la infraestructura vial en Santa Fe.