La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de reglamento que busca regular el desarrollo y uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial bonaerense. La iniciativa, que marca un hito en la Justicia argentina, establece reglas estrictas y nuevas prohibiciones para el uso de estas tecnologías, con el objetivo de garantizar la transparencia, la protección de datos personales y el control humano permanente sobre los sistemas de IA.

El reglamento, registrado bajo la resolución RSC-1719-2026, prohíbe expresamente que la inteligencia artificial tome decisiones judiciales, valore pruebas o redacte sentencias. "La función jurisdiccional es indelegable e insustituible", sostiene el texto, que enfatiza que la IA solo podrá ser utilizada como herramienta auxiliar y bajo la supervisión y responsabilidad de jueces y funcionarios. Además, se establece que el uso de estas herramientas no exime de responsabilidad a los operadores por el contenido y validez de los actos en los que intervengan.

Entre las novedades, se crea una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por las Secretarías de Planificación, Tecnología Informática y Servicios Jurisdiccionales, que actuará como autoridad de aplicación. Esta comisión tendrá a su cargo la evaluación, auditoría y control de los sistemas de IA, así como la elaboración de manuales de uso y la validación de cada tecnología.

El reglamento clasifica los sistemas de IA en tres niveles de riesgo: bajo, alto y usos prohibidos. Las tareas administrativas, como la transcripción de audiencias o la corrección ortográfica, son consideradas de bajo riesgo, mientras que funciones críticas, como la interpretación normativa o la predicción de resultados judiciales, son de alto riesgo y requerirán auditorías y análisis de impacto previos a su implementación. Quedan prohibidos los sistemas que automaticen decisiones jurisdiccionales, generen prueba sintética o reproduzcan sesgos discriminatorios.

El texto también impone obligaciones de transparencia: los operadores deberán informar y documentar el uso de IA en los expedientes, citando el sistema empleado y los fragmentos generados. Asimismo, se prohíbe el uso de chatbots de acceso público para tareas judiciales y el ingreso de datos sensibles en plataformas externas.

La Suprema Corte abrió una consulta pública hasta el 8 de julio para recibir aportes de magistrados, abogados, empleados judiciales y la ciudadanía. Tras este proceso, la Comisión de Gobernanza procesará las sugerencias y elevará un informe antes del 31 de agosto. Hasta la aprobación definitiva, el reglamento tendrá carácter orientador y no vinculante.

La iniciativa es vista como un avance en la modernización responsable del sistema judicial y en la protección de derechos fundamentales, tomando como referencia estándares internacionales y promoviendo la participación de todos los actores involucrados.