El sistema científico argentino atraviesa una crisis sin precedentes tras la decisión del gobierno nacional de anular las convocatorias de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y cerrar nuevas instancias de financiamiento. La medida, implementada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), afecta a más de 1.500 investigaciones en curso y ha generado un profundo rechazo en la comunidad científica.

Según representantes del CONICET y directores de centros científicos, la anulación de proyectos ya evaluados y adjudicados representa una grave afectación a la confianza institucional y paraliza la investigación en todo el país. "La exclusión o desfinanciamiento de la investigación en ciencias básicas es una visión limitada y empobrecedora", señalaron en un comunicado, advirtiendo que la innovación tecnológica genuina depende de una base sólida de conocimiento.

El recorte presupuestario, que alcanza el 45% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se traduce en la reducción de becas, salarios devaluados y la concentración de fondos en proyectos con impacto productivo inmediato. El porcentaje del PBI destinado a ciencia y tecnología es el más bajo en más de dos décadas, lo que agrava la preocupación por el futuro del sector.

El gobierno justifica la medida en la necesidad de priorizar recursos en un contexto de crisis económica, orientando el financiamiento hacia áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo. Sin embargo, científicos advierten que esta política pone en riesgo la continuidad de la investigación básica, el desarrollo federal y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

La comunidad científica ha convocado protestas y acciones judiciales para exigir la restitución de los fondos y la revisión de las decisiones adoptadas. El debate sobre el rol del Estado y las empresas en la investigación, así como la importancia de sostener la ciencia básica, se instala en el centro de la agenda pública, mientras crece la preocupación por el éxodo de científicos y el deterioro de la infraestructura nacional de investigación.