Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, fue detenido y trasladado a una cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos, tras ser acusado de cometer un doble femicidio en Córdoba y el asesinato de un remisero en Entre Ríos. El caso ha generado conmoción en ambas provincias y movilizó a las fuerzas policiales y judiciales para coordinar su detención y traslado.

Según la investigación, Laurta irrumpió armado en la vivienda de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en el barrio Villa Serrana de Córdoba, donde las mató a balazos. Posteriormente, huyó llevándose a su hijo de seis años, quien fue rescatado sano y salvo tras la captura del acusado en un hotel de Gualeguaychú. Antes de estos hechos, Laurta habría asesinado al remisero Martín Sebastián Palacio, a quien contrató para facilitar su huida. El cuerpo del chofer fue hallado en un descampado de Entre Ríos, y la justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Laurta por este crimen.

Durante los traslados y presentaciones ante la justicia, Laurta se negó a declarar y mostró comportamientos erráticos, lanzando frases como "Fui a rescatar a mi hijo" y "Me tapan para que no hable". Su abogado sostiene que podría haber atravesado una crisis psicótica y solicitó nuevas pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental. Sin embargo, pericias previas realizadas en 2024 indicaron que Laurta "no revestía peligrosidad" y comprendía la criminalidad de sus actos.

El caso ha sido comparado por especialistas con el triple crimen de Florencio Varela, debido a similitudes en el modus operandi y la planificación. Además, se ha señalado la pertenencia de Laurta a "Varones Unidos", un grupo que cuestiona las políticas de género y denuncia impedimentos para el contacto con hijos.

La justicia de Córdoba y Entre Ríos continúa coordinando acciones para avanzar en la investigación y determinar la imputabilidad del acusado. Se espera que Laurta sea indagado en Córdoba por el doble femicidio, mientras permanece aislado en la cárcel de Gualeguaychú bajo estricta vigilancia y evaluación médica. El caso pone en foco la efectividad de las medidas de protección y la necesidad de revisar los protocolos de prevención de violencia familiar.