El gobierno nacional mantiene paralizadas varias obras públicas clave en la provincia de Buenos Aires al negarse a firmar los avales necesarios para acceder a financiamiento internacional, según denuncian autoridades provinciales y fuentes judiciales. El ministro de Economía, Luis Caputo, no ha firmado los avales para proyectos de agua, saneamiento y rutas, pese a que los fondos ya están comprometidos por organismos internacionales como la CAF, el BID y el Banco Europeo de Inversiones.

Entre las obras afectadas se encuentran la construcción de una nueva planta depuradora cloacal y una planta potabilizadora para las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Actualmente, más del 60% de los efluentes cloacales de la región capital se vierten sin tratamiento al Río de la Plata, lo que representa un grave riesgo ambiental y sanitario. Además, la planta potabilizadora existente, con más de 70 años de antigüedad, ya no cubre la demanda de agua de la zona.

El juez federal Alberto Recondo emitió un oficio en el que otorgó un plazo de diez días a Caputo para responder a los pedidos de avales presentados por el gobierno bonaerense. "El silencio que mantiene la jurisdicción nacional genera una restricción al financiamiento internacional, de cuya obtención depende en principio la ejecución de la obra proyectada", señaló el magistrado. El plazo ya venció sin que se haya recibido respuesta oficial.

Mientras tanto, otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta sí recibieron los avales y avanzan con obras similares, tras haber apoyado al gobierno nacional en el Congreso. El gobierno bonaerense denuncia discriminación política y advierte sobre el impacto social y ambiental de la paralización de estos proyectos.

La falta de avales también afecta obras viales y de infraestructura hídrica, como el túnel aliviador en Quilmes y el dragado del Río Salado. El caso ha generado debate sobre la equidad en la distribución de recursos nacionales y el uso político de los avales para obras públicas. Por el momento, no hay declaraciones públicas de Caputo sobre los motivos de la negativa, y la incertidumbre persiste respecto al futuro de los proyectos en Buenos Aires.